«Ella tenía ganas de vivir todavía. Me queda claro que la muerte tenía que pasar en algún momento, pero en este momento que pasó no era, porque la hemodiálisis no se la hicieron cuando debían, prácticamente la dejaron morir. Su muerte no era en este momento», son las palabras de Juan Jesús, quien hace un mes perdió a su esposa Alejandra en la Ciudad de México a causa, según el parte médico, de una insuficiencia respiratoria aguda.
En México, algunas intervenciones médicas y tratamientos se tuvieron que posponer durante la pandemia por el alto riesgo de contagio; Alejandra, como los más de 23 mil pacientes que aguardan cualquier tipo de trasplante, llevaba un año esperando un riñón. Para muchos, la espera ha sido aún más larga desde el pasado 30 de marzo, cuando se declaró emergencia sanitaria en el país por la COVID-19.
Para Juan, quien pide reservar su apellido, esa fue solo una de las causas que derivaron en la muerte de su esposa Alejandra, pues afirma que la negativa constante por parte de distintas instituciones de salud a realizarle la hemodiálisis que necesitaba, ante el posible contagio de COVID-19, la llevaron a una muerte anticipada el pasado 18 de junio.
Alejandra padecía desde hace tres años de poliquistosis renal y tomaba sesiones de hemodiálisis tres veces a la semana. La pandemia de coronavirus tocó su vida el 26 de mayo, cuando comenzó a sentir síntomas de esta enfermedad; sin embargo, debido a su padecimiento, ella y su esposo consideraron que eran malestares normales, y el 27 de mayo acudieron a su sesión de manera normal. Lo mismo el 3 de junio.
Sus médicos sospechaban de COVID-19, por lo que primero le realizaron un urocultivo para descartar una infección, el cual salió negativo, y posteriormente les solicitaron acudir al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Sin embargo, al llegar y tras una breve valoración, descartaron que tuviera el virus y la enviaron a casa con un listado de hospitales en los que se trataba su enfermedad, entre ellos el Hospital Militar.
Su traslado al Hospital Militar
Aún con malestares, ese mismo 3 de junio fueron al Hospital Militar donde, en primera instancia, le negaron el servicio por no ser derechohabiente; tras la insistencia de Juan, le hicieron un cuestionario, la valoraron y Alejandra fue internada. Con el antecedente de enfermedad crónica, Juan pidió al personal le realizaran la hemodiálisis y se topó con pared una vez más: le negaron el tratamiento bajo el argumento de que no contaminarían una máquina.
«Yo empecé a dudar, ellos ya sabían que se tenía que hemodializar, lo que ellos no querían era hemodializarla porque en el Militar me dijeron que no se iban a arriesgar a contagiar una máquina de hemodiálisis, ni a contagiar a los demás. Me volvieron a mencionar que no éramos derechohabientes. En el Militar nunca me confirmaron (que tuviera COVID-19), me dijeron ‘mañana le vamos a hacer la prueba’, y nunca me dijeron», señala.
Una travesía en el IMSS
Pese a la reiterada petición de hacerle la hemodiálisis a su esposa, el 10 de junio transfirieron a Alejandra del Hospital Militar al Hospital General Regional no. 72 del IMSS, en donde le afirmaron que podrían darle el tratamiento. Pero la historia se volvió a repetir, desde el primer día le negaron el servicio por no ser derechohabiente, aunque finalmente la ingresaron.
«Siento que fui engañado, porque me dijeron que ahí sí le iban a hacer la hemodiálisis, que de hecho ya la estaban esperando y que ya sabían que le iban a hacer la hemodiálisis. Yo con todo y la preocupación, firmé el traslado. Yo iba con la esperanza de que le iban a hacer la hemodiálisis. Me timaron, me engañaron, a base de engaños me dijeron que la iban a tratar», recuerda.
Entre insistencias al personal directivo, administrativo y médico, y un sinfín de negativas, y pese al apoyo de la Fundación ALE, su travesía en el IMSS duró ocho días, hasta la muerte de su esposa.
«Desde ahí empezó mi pesar con estas personas. Me dijeron lo mismo, que no se podía porque no éramos derechohabientes, que no se iban a arriesgar a contaminar las máquinas y mucho menos a poner en peligro a los pacientes que estaban en hemodiálisis. Ahí les dije, ‘necesitamos la sesión, no importa si me la cobran, yo la pago, pero háganla’; para pronto me negaron el servicio», dice con voz entrecortada.
Alejandra llevaba ya una semana sin sesión de hemodiálisis, la cual era necesaria para drenar todo el suero y medicamento que le había sido suministrado desde su estadía en el Hospital Militar; su salud solo empeoraba, Juan no podía ni verla, pero nunca quitó el dedo del renglón.
Buscó al jefe de hemodiálisis y al director del hospital los fines de semana, insistía en que le dieran el tratamiento a su esposa, ofreció pagar por el servicio, pero por cada intento recibía cinco negativas. Incluso pidió autorización para que la clínica particular, en la que recibía anteriormente la hemodiálisis, pudiera llevar su equipo al IMSS; sin embargo, por políticas del Seguro Social, esto tampoco le fue permitido.
El domingo 14 de junio, previo a que fuera intubada, pues su estado de salud se había agravado, Juan y Alejandra hablaron por última vez. Solo tuvieron 10 minutos.
«Yo creo que a una señorita le toqué el corazón y me dijo ‘lo voy a dejar pasar, ya hablé con los doctores’. Cuando entré y la vi en esa cama, le hablé e inmediatamente volteó. Ella me dijo que sabía que estaba mal, le pregunté si quería irse a la casa y me dijo que no, ella tenía ganas de vivir todavía», esas fueron las últimas palabras que cruzaron.
En su desesperación, Juan acudió ese día al Palacio Nacional con la esperanza de poder hablar con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; no lo logró, pero pudo hablar con la periodista Daniela Pastrana, quien se comprometió a ayudarle para que el IMSS le brindara la atención que necesitaba. Fundación ALE tampoco cesó en su búsqueda por apoyo urgente.
La tarde noche del lunes 15 de junio, luego de cuatro días de ir y venir, Alejandra fue llevada a la sala de hemodiálisis. El martes 16, Juan fue notificado de que su esposa había aguantado el tratamiento, que estaba grave pero estable, y lista para la sesión del miércoles.
Una vez más, insistió en que no olvidaran su tratamiento, pero presintió que algo estaba mal. El jueves 18 de junio, a las 7:10 horas, le llamaron del hospital, Alejandra había fallecido por la madrugada y Juan se quedó sin palabras.
«Le hablamos del hospital para decirle que su familiar falleció a las 00:25», le dijeron. «No, no es cierto, cheque por favor, fíjese bien, no es cierto», respondió.
«Uno no quiere escuchar eso, me dijeron que se había puesto muy mal. A mí me queda claro que la muerte tenía que pasar en algún momento, pero en este momento que pasó no era, porque la hemodiálisis no se la hicieron cuando debían, prácticamente la dejaron morir. Quiero dar un gran agradecimiento a mi esposa, porque ella me cuidó, me protegió mucho», relata mientras llora, inevitablemente.
Juan, quien padece de ansiedad y es padre de tres hijos de 19, 18 y 10 años, entiende que México se ha caracterizado por estar rebasado en materia de salud, aunque dice no comprender por qué las instituciones le negaron constantemente un servicio que pudo evitar que su esposa, que formaba parte del grupo vulnerable de contagio de coronavirus, muriera.
«Hoy en día, por lo que me pasó a mí, yo puedo decir que a mi esposa la dejaron morir porque no le hicieron el tratamiento», enfatiza.
COVID-19 en cifras
Hasta el 18 de julio, en el país se han confirmado 338 mil 913 casos de coronavirus, así como 38 mil 888 muertes; en la Ciudad de México, se tiene un registro de 61 mil 351 casos positivos y ocho mil 101 defunciones, siendo la obesidad, hipertensión, diabetes y tabaquismo las principales comorbilidades.
El pasado viernes 17 de julio, autoridades federales presentaron el semáforo epidemiológico que tendrá vigencia del 20 al 26 de julio, y la Ciudad de México es uno de los 14 estados del país que continúa en color naranja, lo que le permite continuar con la realización de algunas actividades no esenciales.
