Gran revuelo han causado en México las recientes declaraciones de Mike Pompeo y Donald Trump sobre la implementación del plan “Quédate en México” y la supuesta complicidad de las autoridades mexicanas, quienes habrían tenido que ceder bajo la amenaza de represalias por parte de la administración estadounidense.
Sin embargo, a la luz del contexto político, estas revelaciones tienen sin duda, tintes electorales, tomando en consideración que Estados Unidos tendrá elecciones a inicios de 2024 y que Trump y Pompeo han hecho expreso su deseo por participar como candidatos presidenciales.
De ser ciertas las declaraciones, quedaría de manifiesto que el tema migratorio, tanto para autoridades mexicanas y estadounidenses, pasa por la conveniencia y el oportunismo político, más que por una verdadera preocupación por respetar los derechos humanos de las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida a través de la migración.
Sobre todo, porque en el discurso histórico de los gobiernos mexicanos se ha buscando ensalzar la valía de los migrantes y el gran aporte que hacen a la economía a través del envío de remesas, las cuales, por cierto, alcanzaron cifras récord durante el año pasado. De acuerdo con datos más recientes de Banxico, de enero a noviembre del 2022 la cifra de remesas ascendió a 53 mil 139 millones de dólares, monto superior a los 46 mil 834 millones que se captaron en el mismo periodo del 2021; una alza anual de 13.5%.
Paradójicamente, el número de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos tuvo su punto más alto en 2022 en comparación con los últimos 9 años. Y es que luego de que en 2013, primer año de la segunda administración de Obama, se repatriaran a 332 mil 865 mexicanos, de acuerdo con cifras del gobierno mexicano, el número de deportaciones comenzó a disminuir en los años subsecuentes, llegando a un mínimo de 160 mil 689 personas devueltas a México en 2021, sin embargo, en 2022, hasta noviembre del año pasado, se habían contabilizado 241 mil 662 deportaciones. Es seguro que, con los datos de diciembre, las deportaciones de 2022 no superarán las de 2013, pero sí las de 2014, cuando hubo 243 mil 196 personas devueltas a México.
Más allá de los números, que son reveladores, hay una percepción de que las condiciones para los migrantes no han mejorado en la actual administración, a pesar de que el discurso oficial siempre ha sido en favor de sus derechos. Así lo ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de sus cuatro años de gobierno, sin embargo, las acciones que se han implementado en ese lapso no necesariamente han respondido a esa buena voluntad discursiva.
Baste recordar el tema de las caravanas migrantes, fenómeno que tuvo tolerancia por parte del gobierno de AMLO hasta que la administración de Trump exigió un participación activa del gobierno mexicano para evitar el libre tránsito de estos grupos migrantes por México. Pronto hubo miles de extranjeros varados en la frontera sur, quienes no podían ingresar al país, y de miles de extranjeros en la frontera norte, que debían esperar en México el resultado de su petición de asilo, así como varios que habían sido deportados a México y buscaban otra oportunidad para ingresar a Estados Unidos de manera clandestina.
Es evidente que la migración no puede ser resuelta solo con políticas de conteción y control, pues no se atacan las verdaderas causas de la migración, que se resumen en la falta de oportunidades que un gran número de personas tienen en sus lugares de origen y que les impide acceder a una vida digna en la que se sastifagan todas sus necesidades.
Por el contrario, las decisiones que se toman en la materia obedecen en gran medida a los dividendos que logran los políticos de uno y otro lado del Río Bravo. No es un secreto que en periodo electoral arrecía el discurso antiinmigrante entre los candidatos estadounidenses, sobre todo entre los de derecha, pues hay una extendida creencia de que las personas que migran despojan de las oportunidades y derechos a los ciudadanos norteamericanos.
Sin tomar en cuenta que un pilar de la economía estadounidense es la mano de obra migrante, pues sin ella, diversos sectores económicos no podrían sostenerse, por los costos de operación, sobre todo, en áreas de la construcción, el sector restaurantero o el campo, por citar solo algunos. En el lado mexicano, las políticas se mueven al vaivén de los intereses estadounidenses, más allá de los discursos que en defensa de los migrantes se puedan hacer.
Y mientras, miles de historias y vidas dependen de estas políticas, a la espera de que sus derechos sean reconocidos, y que el libre tránsito de personas deje de ser un tema tabú, pues la migración es una de las prácticas más antiguas del ser humano; gobiernos vendrán y se irán, pero esta, seguirá vigente.
