Por Lu García Girón
La violencia de género y el feminicidio son fenómenos globales y además una de las mayores problemáticas por la que atraviesa nuestro país, a las que se suman barreras jurídicas, culturales e ideológicas que impiden su erradicación y facilitan la impunidad en los delitos y crímenes contra las mujeres.
La realidad es que la violencia contra la mujer es un fenómeno social con una serie de directrices que puede llegarse a entender como producto de una construcción socio-cultural basada en la diferencia biológica. Aunque si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños, o las personas asignadas como hombres al nacer, también pueden ser blanco de ella, y es que el término como tal, suele emplearse para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQI+.
No estamos muy lejos, pero tampoco se puede hablar de la igualdad plena en derechos y sí en una clara diferencia de poder entre hombres y mujeres, todo vinculado al género, incluso el uso de la violencia en todos sus conceptos (física, psicológica, económica o sexual, laboral, emocional, etc.), considerada la mayor fuente de discriminación de género.
Lo que complica aún más esta situación es la falta de eficacia del sistema de justicia penal y de políticas de control orientadas principalmente a maximizar la garantía y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en los procesos judiciales.
Una batalla tediosa
Se ha avanzado poco o nada en la lucha contra la discriminación y violencia de la que siguen siendo víctimas las mexicanas. Las brechas de género existen y persisten; sigue latente la desigualdad, exclusión social, la discriminación, la pobreza e inequidad entre los géneros. Por lo tanto y no está demás destacar que las mujeres siguen siendo uno de los grupos vulnerables de la población.
Para darnos una idea de lo que se ha avanzado en leyes de pro de las mujeres, el feminicidio fue tipificado en México en apenas en 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, por lo que llevarlo a la práctica además de costar tiempo, le costó al gobierno reputación ante los señalamientos y recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales.
Fue hasta el 6 de febrero de 2018, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la entonces Procuraduría General de la República, PGR y las fiscalías estatales para que “toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres fuera iniciada la investigación bajo protocolos de feminicidio”.
Pero vámonos a los datos duros que, por cierto, están rebasados por la misma realidad. Tan solo de enero a octubre de 2021 fueron asesinadas 3 mil 168 mujeres, es decir 10.5 por día, esto de acuerdo a datos de ONU Mujeres.
La Organización de Naciones Unidas, ONU, dio a conocer que al menos seis de cada 10 mexicanas han enfrentado un caso de violencia; 66.1% de las mujeres de este país han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. En el 2019 México ocupó el primer lugar de feminicidios de 24 países de Latino América.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, CNB, se mantiene la búsqueda de 89mil, 488 personas desaparecidas, de esta cifra, las mujeres representan el 24.70%, pero si solo tomamos a las personas menores de 18 años, las niñas y mujeres adolescentes representan un 55.30% de las desaparecidas, y la mayoría tienen entre10 y 17 años. El 63.02% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México, así lo destaca en su último reporte con fecha a julio de 2021.
El 2021 fue el año más violento para las mujeres; de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registraron más de 3 mil asesinatos.
En abril del presente año, integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realizaron una visita a nuestro país y emitieron un informe, el cual revela que por las más de 95 mil desapariciones que se han registrado en el país, solo se han emitido 36 sentencias.
“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, advierte el reporte.
El pasado 9 de mayo, consultando datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, RNPDNO, destaca que el total de Personas Desaparecidas y No Localizadas es de 99 mil (40.75% del total), esto dentro del periodo comprendido del 15 de marzo de 1964, al 9 de mayo de 2022. En ese mismo periodo se tiene un registro de 24 mil 750 mujeres desaparecidas.
El Estado de México es uno de los 10 estados que concentran el 65% de las desapariciones de mujeres, seguido por Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán y Sinaloa.
Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, señala que en nuestro país “tenemos, efectivamente, ya casi 100 mil personas desaparecidas. La quinta parte son mujeres y creo que es importante recordar que muchas de las que son reportadas como desaparecidas, aparecen después víctimas de un feminicidio”.
La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, informaba el pasado 11 de mayo, un día después de la celebración por el Día de las Madres que, al 31 de marzo de 2022, se han registrado 463 lesiones dolosas contra mujeres, remarcando que Querétaro ocupa el 4º lugar como la entidad con mayor tasa de lesiones dolosas contra mujeres por cada 100 mil habitantes. Agregó que a marzo de 2022, Querétaro ha registrado 946 casos de violencia familiar contra mujeres y hasta ese mes, registró cifra histórica nacional en violación contra mujeres con 2 mil 287 casos.
El caso Debanhi, un parteaguas
El caso más reciente y está de sobra decir, se tiene presente debido a que se viralizó a tal grado que medios y organismos internacionales lo citaron, es el de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, cuya desaparición ocurrió el 9 de abril en nuevo León y que reflejó lo que enfrentan diariamente familiares de mujeres que pierden su rastro por la violencia de género que se vive día a día (en las calles, hogares, trabajos, comercios, entre las mismas autoridades, etc.), por las múltiples fallas de los organismos encargados de investigar y dar con el paradero de las personas, que en su mayoría esos casos, quedan en la impunidad.
Las lagunas fiscales en el caso de Debanhi se hicieron más que evidentes debido a la exposición que tuvo, pero lo que puso aún más en tela de juicio la actuación de las autoridades, es que durante la exploración de ciertas zonas (por las que se implementó un operativo especial) y de acuerdo con el informe de la Comisión de Búsqueda de Nuevo León, entre las 19:00 horas del 17 de abril y las 19:00 horas del 18 de abril, fueron localizadas siete mujeres que estaban en calidad de desaparecidas, cinco de ellas, se encontraron sin vida: Irlanda Marcela N., de 14 años, Ingrid Guadalupe N, de 15, Brisa Anahí N, de 16, Jenifer Nicool N, de 14, e Irma N de 19.
Existen otros casos, como el de la activista y defensora de derechos humanos, Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada en el municipio de Asunción Nochixtlán el 26 de marzo de 2021, cuyo cuerpo fue localizado en la Mixteca de Oaxaca al día siguiente de que se cometiera el crimen, pero luego fue ocultado y movido del lugar del hallazgo, desde entonces no se ha dado con el paradero de sus restos.
Lo anterior es parte de la información dada a conocer a petición de la familia, en un documento publicado en la página oficial de la CNB, en donde aparece como “Análisis del Contexto Caso Claudia Uruchurtu Cruz”, en él se detalla el escenario político-social, y de impunidad y corrupción, al que se enfrentó la activista, así como información con la que se cuenta respecto a lo ocurrido la noche en que desapareció, luego de que sujetos la “levantaron”, tras participar en una protesta.
En medio de estos casos de desaparición, sin duda se tiene que hablar de los procesos de localización y hasta ahora, aunque se escuche un tanto paradójico, las redes sociales juegan un papel fundamental, ya que en herramientas como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram y hasta Tik Tok se puede llegar a millones de personas y lograr viralizar, como nunca antes, las desapariciones y mantener contacto inmediato con las personas allegadas, de tal modo que la búsqueda se hace mucho más eficiente, algo de vital importancia, ya que las primeras 72 horas son claves para encontrar con vida a las personas y salva guardar su integridad física y psicológica.
Aunado a lo anterior, suelen formarse grupos de la sociedad civil que se organizan a través de las redes para realizar la búsqueda, lo que agiliza cualquier proceso que pudieran implementar las autoridades.
Incluso se logran grandes movimientos con los que se ha “avanzado a lo que se refiere al marco jurídico, pero no hemos avanzado por lo que se refiere a la infraestructura para que ese marco jurídico sea una realidad para las mujeres (…). Los principales obstáculos con los que se encuentran las mujeres es el acceso a la justicia porque la mayoría de ellas, no tiene una situación económica que les permita contratar a un profesional del derecho y vemos a las unidades de las fiscalías que investigan el delito con largas horas de espera para recibir una denuncia, una querella (…) vemos a juzgados familiares rebasados en cuanto a las cargas laborales y que no están resolviendo con perspectiva de género temas tan importantes”, destaca Consolación González Loyola, integrante de la “Agenda Feminista: Nunca Más sin Nosotras”.
González Loyola hace énfasis que “en el tema particular de la violencia es urgente que haya una procuraduría de defensa de los derechos de las mujeres en todas las materias, que fuera gratuita y que tuviera la infraestructura suficiente para poder llevar los casos de las mujeres que han vivido una violación a sus derechos y buscar mecanismos procesales mucho más simples y efectivos para tener una justicia pronta y expedita”.
Por otra parte -“honor a quien honor merece”- el Protocolo ALBA que se creó hace 19 años en Chihuahua ante el incremento de mujeres desaparecidas, muchas de ellas, asesinadas; se trata de un mecanismo de localización inmediata para mujeres y niñas en México que se realiza mediante un plan entre los tres órdenes de gobierno, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, CNB, de las fiscalías, en el que se involucra a la sociedad civil y medios de comunicación, el cual ha demostrado que sí es un mecanismo eficiente, más no suficiente, comparando con la demanda social. A la fecha son 25 estados del país en los que se aplica y se busca su implementación a nivel federal.
Finalizo con esta descripción que hace ONU Mujeres de la palabra Consentimiento: “No” es “no”, “sí” es “sí”. El consentimiento es un acuerdo entre personas para la realización de actos sexuales o para contraer matrimonio. Debe otorgarse de manera libre y activa; una persona que sea menor de edad o que se encuentre bajo la influencia de las drogas, o el alcohol no puede dar su consentimiento. El consentimiento es específico, lo que significa que el otorgado a una persona no implica que se conceda a otras; también es reversible, es decir, puede revocarse en cualquier momento.
