por Lu García
Las leyes en México son tan estrictas tanto en la posesión como portación de armas que sólo tenemos una tienda controlada por el ejército, en la que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos puede comprar un arma de manera legal.
La otra cara de la moneda es que existe un flujo constante de armas de contrabando enviadas desde Estados Unidos que llega a manos de los delincuentes. Esto motivó al gobierno de nuestro país a interponer una demanda civil el año pasado contra fabricantes y distribuidores de la Unión Americana, específicamente a once empresas, a quienes señala de vender armamento a los carteles de droga.
En un escrito presentado ante el juzgado describe que durante la última década el gobierno mexicano ha confiscado más de 250 mil pistolas y rifles militares, vinculados a homicidios y delitos contra nuestra sociedad. Aunado a ello, existen suficientes pruebas de que su procedencia es del Estado de Massachussets.
¿El gobierno estadounidense cambiará sus leyes para complacer a su par mexicano? La situación es que hay un mercado legal en la Unión Americana que representa un paraíso para la delincuencia en México. Los fabricantes de armas no son quienes las comercializan directamente con el consumidor final, sino que se venden por medio de armerías y tiendas especializadas, por lo que en todo caso, los responsables son aquellos que realizan ventas con el público en general.
El escenario no es grato, pues el contrabando de armas representa un problema para ambos países. El mercado negro alimenta el tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos e incrementa los niveles de violencia en México lo que, a su vez, genera que los ciudadanos dejen sus hogares y busquen refugio precisamente ahí, en los Estados Unidos.
Los datos son duros
En tiempos de plena pandemia, es decir en 2020, ni siquiera se pudo contener la tasa de homicidios del país: se registraron más de 34 mil asesinatos.
Es un hecho de que miles de mexicanos mueren anualmente por armas de fuego en nuestro país, tan sólo de enero a mayo de este año se cometieron 11 mil 206 delitos (homicidio, lesiones y feminicidios). De esta cifra, 91 ocurrieron en Querétaro, así lo señalan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo al documento más reciente publicado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, Querétaro arrojó una tasa de prevalencia delictiva de 24 mil 978 víctimas.
Por otra parte, el SESNSP en su reporte por entidad, especifica que, en el caso de nuestro Estado, se cometieron 23 mil 215 delitos del fuero común y 976 del fuero federal en el periodo comprendido de enero a mayo de 2022.
Propuestas para reducir los delitos
Ante esta ola de violencia y hechos delictivos que se cometen no sólo en nuestra entidad, en junio el PRI puntualizó que buscaría modificar la actual Ley de Armas de fuego con el objetivo de que las familias mexicanas puedan proteger su casa, negocio, su colonia, en sí, su patrimonio e integridad con armas de mayor calibre.
La propuesta fue lanzada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente del PRI, quien dijo buscará proponer reformas legales para facilitar a los ciudadanos el acceso a las armas de fuego a fin de que puedan protegerse de la delincuencia. Subrayó que la ciudadanía está indefensa.
Además, señaló que en la propuesta de ley propondrá que, a partir de cierto grado, los integrantes de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina puedan llevar sus armas de cargo a sus casas y cuando estén francos puedan también defenderse y enfrentar a los delincuentes.
“Se trata de que, a falta de Estado, y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades, que tienen a las familias mexicanas en la zozobra.”
Señaló “Alito”.
El dirigente priista señaló que la violencia en el país está desbordada, que hay un Estado fallido y ésta es una propuesta ante la falta de protección del Estado mexicano a sus ciudadanos y de una estrategia de seguridad que ha fracasado, que muestra la indolencia del gobierno de López Obrador.
¿Mexicanos con permiso para portar armas de mayor calibre?
Al respecto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre el tema y se limitó a decir “ahí se los dejo de tarea a la gente”.
El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, consideró que la propuesta no es la mejor opción y sería el inicio del caos:
“Nunca ha funcionado eso, no creo que sea la mejor opción. Respeto la opinión del presidente del PRI, pero establecer leyes, ordenamientos jurídicos que permitan armarse a los ciudadanos es el inicio del caos. Yo no podría aceptarlo”.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, señaló que su partido no acompañará una eventual iniciativa en la materia.
“Yo creo que armar a la población, pretender combatir al crimen así, es una muy mala idea”, apuntó Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado de la República.
Mientras tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, sentenció que la propuesta del presidente del PRI es una ocurrencia de mal gusto en un país azotado por la violencia y dijo, “Como si el país estuviera ávido de ocurrencias y no de soluciones”.
“Armar a los ciudadanos es un despropósito: implica relevar, de hecho, la responsabilidad fundamental del gobierno, que es cuidarnos; aumentaría los delitos llamados de ímpetu”, escribió es su columna Diego Fernández de Cevallos Ramos, miembro del blanquiazul, quien además dijo que, si bien comparte la opinión del “Estado fallido”, la respuesta no es armar a los ciudadanos.
El pulso de la seguridad
Lo que sí es un hecho, es que, cada administración hace frente a la delincuencia como mejor les parezca, con estrategias que van de manera directa como en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto o bien, “con abrazos, no balazos” como es el caso del actual mandatario mexicano.
En los 42 meses de la actual administración, se reportan 121 mil 655 homicidios y feminicidios superando las muertes violentas ocurridas durante el sexenio del exmandatario, Calderón, que fue de 120 mil 463 muertes, periodo en el que echó a andar la “guerra contra el narcotráfico”.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país de enero a junio de 2021. En este documento señala que las agresiones con disparo de arma corta, arma larga, rifle, escopeta o con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas fue de 16 mil 972 casos, es decir, una razón de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Si bien es la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, en donde recae la responsabilidad de evitar que los hechos delictivos con armas de fuego sucedan en nuestro país, las muertes por día vendrían siendo alrededor de 94 a nivel nacional tomando en cuenta los datos proporcionados por el INEGI.
Y es que de igual manera la SEDENA es la única dependencia que puede en nuestro país comercializar armas de fuego, así como municiones y demás objetos citados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para posteriormente hacer los trámites necesarios ante el Registro Federal de Armas, esto con el objetivo regular las armas en México.
¿Qué estipula la ley sobre poseer armas de fuego?
Cabe destacar que no está permitido comercializar todo tipo de armas por parte del gobierno, ya que se rige por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por ejemplo, el artículo 10 del Reglamento de la Ley señala que las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería para poseer en su domicilio y portar con licencia, son: pistolas, revólveres, rifles calibre .22, de fuego circular, escopetas de tres cañones, entre otras.
Ahora bien, la ley subraya que todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra y mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, de la Ciudad de México, de los estados o de los municipios, así como a servidores públicos extranjeros.
No está de más mencionar que “no se permite la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley”.
En nuestros domicilios podemos poseer armas para la seguridad y defensa legítima de nuestras familias, lo cual representa que el arma debe permanecer en el lugar donde fue domiciliada a la hora de registrarla, de lo contrario, la persona que la adquirió caerá en falta ante la justicia.
Si un ciudadano cuenta con un arma en su hogar y no está registrada, puede regularla, de tal manera que deberá declarar ante la SEDENA la posesión de la misma, mismo proceso al que están obligados a realizar servidores públicos y jefes de los cuerpos de policía federales.
Los permisos también se deben tramitar en caso de que personas físicas o morales, públicas o privadas, posean colecciones o museos de armas antiguas o modernas (o de ambas) o bien, armas de las prohibidas por la ley, con valor o significado cultural, científico, artístico o histórico, esto, toda vez que cuenten con la autorización requerida.
¿Poseer es lo mismo que portar arma?… No
Una cosa es poseer un arma y una muy diferente portar arma, ya que para ello se requiere una licencia que básicamente es un trámite para particulares el cual se debe revalidar cada dos años. Los oficiales de igual manera deben realizarlo mientras estén en el cargo.
Si alguien porta un arma ya registrada, debe llevar consigo esta licencia, de lo contrario será penalizado.
El costo por la expedición o revalidación de licencia de portación de armas para uso particular individual es de 2 mil 400 pesos. De ser autorizado el permiso se dan 30 días para recogerlo, de lo contrario se anula y se debe realizar el trámite de nuevo.
Una persona civil puede poseer y registrar un arma de las permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para protección de su domicilio. Si la persona es un deportista de tiro o cacería tiene derecho a registrar 9 armas con las características permitidas por la ley. En el caso de los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar un arma, o un rifle calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm.
De acuerdo con el catálogo de armas más reciente de la Secretaría de la Defensa Nacional, las de menor precio oscilan de 4 mil 867 a 6 mil 976.84 pesos.
En México, a diferencia de Estados Unidos, Canadá o Francia, no es necesario tomar cursos de entrenamiento para poder poseer y portar armas de fuego, pero existen ciertos clubes de caza donde se ofrecen cursos que van dirigidos principalmente a escoltas, personal de seguridad, deportistas y por precisamente cazadores.
De acuerdo con la ley, serán sancionados quienes posean arma sin licencia, cartuchos o municiones en lugares no autorizados o posean cartuchos en cantidades superiores a las determinadas por la legislación con 10 a 100 días de multa (de 962 a 9 mil 622 pesos, según el valor de la UMA).
Un reflejo, los menores de edad
En Querétaro al igual que en otros estados se realiza el canje de armas por artículos e incentivos, lo cual ayuda a disminuir hechos delictivos en la medida que participan los ciudadanos. También en estos módulos se incentiva a los niños y niñas a cambiar juguetes bélicos, como pistolas de juguete y espadas, por un juguete educativo.
Los menores de edad no son para nada ajenos a esta problemática, también son víctimas del desenfrenado teje y maneje de armas. Tal es el caso que marcó a la sociedad mexicana en Torreón, Coahuila, donde José Ángel, un estudiante de 11 años que cursaba sexto grado de primaria llevó dos armas al Colegio Cervantes y le disparó a su maestra, causándole la muerte, e hirió a seis compañeros para luego suicidarse.
¿Cómo es que un niño obtuvo acceso a dos armas de fuego, una de ellas, por cierto, de uso exclusivo del Ejército? No fue nada complicado, las tenía en su casa, en donde vivía con su abuelo de 58 años, quien sabía de las intenciones de su nieto:
“Él quería hacerlo, no podía detenerlo, fue su voluntad (…)”.
Inmediatamente de lo ocurrido se implementó el programa Mochila Segura que consiste en revisar las pertenencias de los estudiantes antes de ingresar a sus aulas para evitar que ingresen con artículos prohibidos. Sin embargo, tanto en ese colegio como en muchos otros, se ha dejado de lado su implementación ya que la Suprema Corte y las oficinas de Derechos Humanos señalan que dicha medida invade la intimidad de los muchachos y que no contribuye a su bienestar.
Pese a que hay planteles con arcos de detección en los accesos, los menores se las arreglan para meter objetos no permitidos, principalmente celulares.
Existen muy pocos centros de estudios en los que padres de familia y maestros están de acuerdo en que se revisen las pertenencias de los estudiantes, por lo que implementan una medida que no corresponde como tal al oficio de las autoridades educativas.
“El año pasado, 789 niños y adolescentes murieron bajo las balas, un incremento sobre 2020 de 2,7 puntos. La crisis está tocando la vida de los niños y eso no se soluciona mirando mal a la escuela ni con medidas discriminatorias ni anticonstitucionales, que suele ser el modo de reaccionar de ciertos grupos conservadores. La carga de la responsabilidad está en el Estado”,
destaca Tania Ramírez, presidenta de la Red por los derechos de la infancia en México (Redim).
En resumidas cuentas
La única relación que explica tantos delitos por armas de fuego se debe a una sola variable determinante, que es el acceso a las armas.
La portación de armas de fuego no es legal, pero pareciera que lo fuera, ya que somos el quinto país con más armas sin registrar en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 13 millones que se encuentran en circulación, por lo tanto, tener acceso a ellas de manera ilegal no es nada complicado.
De alguna manera existe similitud en el derecho a las armas en las constituciones de Estados Unidos y México. En el caso de los estadounidenses se ampara su legalidad en la seguridad del Estado mientras que, para los mexicanos, se ve respaldado en la seguridad personal y la legítima defensa dentro del domicilio y por contradictorio que suene, se establece como un derecho humano dentro del capítulo I de nuestra Constitución, denominado “Derechos humanos y sus garantías”.
El que se registren 91 delitos de homicidio, lesiones y feminicidios en cinco meses en Querétaro por arma de fuego no es una cifra menor, ¿qué pasaría poniendo en nuestras manos armas de mayor calibre? Claro está, que eso dependería totalmente de las normas y sanciones que se estipulen, pero no sólo eso, sin duda habría que asumir los daños colaterales que eso traería consigo en un país que ocupa los primeros lugares en temas de violencia a nivel mundial.
Y… definitivamente, no se trata de buscar en las mochilas de los estudiantes, los principios y valores vienen de casa.
“Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”
Mahatma Gandhi.
