En Argentina matan, prácticamente, a una mujer por día. En México, a una mujer cada dos horas y media. Las peleas de las argentinas y las mexicanas por disminuir la violencia de género comparten consignas, conquistas y dificultades. En esta conversación entre periodistas de ambos países narramos el origen de la lucha y el aprendizaje entre movimientos feministas
Por Roxana Romero y Ariana Budasoff
La actualización de las estadísticas de feminicidios que empeoran en el sur y los números imposibles e invisibles de la violencia de género más al norte del continente nos llevaron a esta nota colaborativa: las periodistas Roxana Romero, de Códice Informativo, Querétaro, y Ariana Budasoff, de RED/ACCIÓN, Buenos Aires, narran el origen de la lucha de las mujeres, las similitudes de los reclamos, y el aprendizaje y enriquecimiento mutuo que las madres de víctimas, activistas y académicas pueden logran al interpretar los movimientos feministas de uno y otro país.
Roxana: He leído que hace poco hubo cuatro asesinatos de mujeres en dos días, ¿cómo está actualmente la situación del feminicidio en Argentina?
Ariana: Fue hace un par de semanas. La noticia ocupó la agenda de la mayoría de los medios y, con base en esto, se volvieron a revisar y se actualizaron las estadísticas de femicidios. Las estadísticas empeoran. Y ocurre pese a que, desde el 2015, el surgimiento del colectivo Ni Una Menos marcó un punto de inflexión respecto a lo que venía sucediendo en Argentina con la violencia de género y más mujeres salieron a denunciar, los femicidios comenzaron a visibilizarse y empezaron a ocupar un lugar central. En lo que va del año, hasta mediados de septiembre, se registraron 235 femicidios, es decir casi un femicidio por día. Mientras en 2018 se contabilizaron 259. Los femicidios de este año ya dejaron a 160 niños y niñas sin sus madres.
Entiendo que en México las cifras también son alarmantes: ¿cómo está ahí la situación? Leí que en agosto hubo una primera gran movilización en todo el país contra los abusos y la violencia machista. Luciana Peker, una periodista argentina referente en temas de género publicó una nota en Página 12, uno de los diarios nacionales más importantes, en la que narra la marcha, el grito de las mujeres. Se ve muy similar a las protestas argentinas, creo que si ves las fotos, sin texto, no sabrías a cuál de los dos países pertenece.
R: Sí, ha sido la marcha en la que más se ha sentido el enojo de las mujeres, su impotencia y desesperación por ser escuchadas. En México las cifras de feminicidio van en aumento. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó, de enero a agosto de este año, 638 feminicidios, mientras que en todo el 2018 fueron 880. Esta última cifra es alarmante si la comparamos con los 411 registrados en 2015. Ese número preocupa, pero es mucho mayor si sumamos las muertes violentas de mujeres que no están tipificadas como feminicidio. Esto refleja que asesinan a una mujer cada dos horas y media, como dijo el activista y representante de la asociación civil Equidad y Género, Javier García Ramírez, en mayo de este año a los medios nacionales.
Una de las consignas principales del movimiento del combate a la violencia de género en México es ‘Ni una más, ni una asesinada más’, que es muy parecida a la de Argentina, ¿cómo es que en tu país se han visibilizado tanto el movimiento y la lucha?
A: No solo las consignas son parecidas: la frase original que inspiró el grito de lucha ‘Ni una menos’ es ‘Ni una mujer menos, ni una muerta más’ de la poeta y escritora mexicana Susana Chávez Castillo. Ella fue una de las primeras en salir a la calle, a mediados de los 90, a denunciar los femicidios sistemáticos en Ciudad Juárez, de donde era. En 2011 ella misma fue asesinada, víctima de la violencia de género.
Hoy en Argentina ‘Ni una menos’ es mucho más que una consigna, es un grito colectivo encarnado en cientos de miles de gargantas que no se apaga, que vuelve a sonar cada vez que un femicidio es noticia. Es un movimiento diverso, que se extiende a lo largo y ancho del país. Que reclama. Que exige al Estado que se haga cargo, que a las mujeres nos siguen matando. Y todo comenzó con un tweet. El 11 de mayo de 2015, la periodista Marcela Ojeda escribió en su cuenta: «Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, bah… no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO».
«Se me ocurre mujeres referentes grosas convocando a mega marcha. No sé si sirve, pero visibiliza», le respondió Florencia Etcheves, también periodista. Ninguna imaginaba lo que ese intercambio de mensajes de 140 caracteres, o menos, estaba a punto de detonar. Los tweets empezaron cuando trascendió en los medios que habían encontrado el cuerpo de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y había sido asesinada por su novio de 16 y enterrada en la casa de los abuelos del novio, con su aval.
Ojeda me cuenta que en ese momento tenía «mucho enojo, mucha bronca y sobre todo mucho dolor». Por eso tipeó ese mensaje que trascendería la viralidad digital para volcarse a las calles y desbordarlas unas semanas después en lo que fue la primera marcha: ‘Ni Una Menos’, el 3 de junio de 2015. Igualmente ella señala que las luchas por los derechos de las mujeres habían comenzado mucho antes, que «el fenómeno Ni Una Menos, si bien es un mojón en la historia del feminismo y de los movimientos de mujeres de nuestro país, es un punto más en la lucha reivindicativa de los movimientos de mujeres».
¿Qué fue lo que llevó a las mujeres a las calles, en México, en esa gran marcha de agosto? ¿Se inspiraron de alguna forma en la lucha argentina? Las consignas, los pañuelos verdes, se ven idénticos a los que se usan acá.
R: La lucha de las argentinas por legalizar el aborto ha sido un referente para las mexicanas, como dice la escritora y activista Chantal Aguilar, de ustedes tomamos el pañuelo verde como símbolo, incluso las consignas son similares.
En el caso de la gran manifestación, todo surgió porque el 3 de agosto de este año, una menor de edad denunció que cuatro policías de la Ciudad de México la violaron. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones y negó que la joven hubiera sido agredida por los oficiales, además filtraron un video que formaba parte del proceso.
Así empezó la indignación. Primero se hizo una marcha pacífica en la Ciudad de México, y en las redes sociales y medios nacionales se difundió un video en el que se ve cómo las mujeres lanzan brillantina rosa al procurador. De inmediato la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se abriría una investigación para encontrar a la responsable de lanzar la brillantina. Eso causó más indignación en las mujeres y convocaron a una marcha nacional el 19 de agosto bajo la consigna ‘No me cuidan, me violan’, haciendo referencia a los policías. Se unieron unos 13 de los 32 estados del país y el símbolo principal era la brillantina rosa. Todo fue por redes sociales.
Esa protesta marca un antes y un después en la lucha feminista de México porque las mujeres tomaron las calles y usaron nuevas formas de hacerse visibles: rompieron vidrios, quemaron estaciones de policía e hicieron pintas en las paredes y monumentos históricos emblemáticos, como el Ángel de la Independencia. Las mujeres fueron criminalizadas por los medios y por el gobierno, que intentó quitar las pintas de los monumentos, y con ello surgió también el colectivo Restauradoras con Glitter, quienes defienden que las pintas se queden allí como una «expresión de un proceso social y cultural», incluso en redes sociales se hizo mucha comparación con las pintas que se han quedado en los espacios de tu país.
A: En Argentina eso es igual. Acá se organiza, hace más de 30 años, un encuentro nacional de mujeres. En general es un fin de semana en el que mujeres de todo el país participan de debates, charlas, talleres. Cada año es en una ciudad diferente. En estos encuentros, al que van miles de mujeres, de todas las edades, suele suceder que algunas hagan pintadas en las iglesias o rompan cosas. No es masivo, el objetivo no es destruir, pero sucede. Y algunos medios, en vez de cubrir las actividades y lo que se hace en el encuentro, criminalizan a las que hacen pintadas. A veces eso es lo que trasciende. Y no todo el trabajo que hay detrás, la riqueza de esas jornadas en cuanto a la lucha por conquistar derechos.
R: Acá se organiza un encuentro muy similar que también cambia de ciudad, pero es más reciente. Los vidrios rotos y las pintas son por el enojo y la impotencia de no ser escuchadas. Chantal dice que se nota cada vez más en las marchas si se compara con las que se hacían hace cuatro años.
Luz Adriana Arreola Paz, Jefa del Departamento de Apoyo Académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México (UNAM), coincide: «No tenemos asegurado el derecho elemental: el derecho a nuestra vida. Nuestras exigencias, de demanda de la vida, es algo que debería atender por urgente el Estado mexicano, pero también los estados […] Es reprobable el nivel de impunidad que existe».
En México comenzó a hablarse de las muertes violentas de mujeres con los casos de Ciudad Juárez, Chihuahua, a finales de los noventa y principios de los 2000. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso, emitió una sentencia en 2009 contra México por campo algodonero, un caso en el que no se aplicaron los protocolos correctos para la identificación e investigación de los asesinatos de tres mujeres que fueron encontradas en Ciudad Juárez en noviembre de 2001.
A 10 años de esa sentencia, las fallas en las investigaciones de otros crímenes continúan. Un ejemplo es el caso de Mariana Lima Buendía. Fue asesinada en junio de 2010 por su esposo Julio César Hernández Ballinas, policía judicial en el Estado de México. La entonces Procuraduría (hoy Fiscalía) General del estado siguió el suicidio como la única línea de investigación.
Irinea Buendía, madre de la víctima, relata su peregrinar de una dependencia a otra para demostrar que su hija no se suicidó. Luchó hasta lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) tomara el caso, y en 2015 emitiera la sentencia Mariana Lima Buendía que se ha convertido en un referente para exigir que las muertes violentas de mujeres en todo el país se investiguen como feminicidio, bajo una perspectiva de género.
Al día siguiente del asesinato, fue Irinea quien encontró el cuerpo de su hija en su habitación. Estaba recostado en la cama, recién bañado y las yemas de sus dedos estaban arrugadas, como cuando alguien pasa mucho tiempo en el agua. Irinea estaba segura de que su hija no se había ahorcado.
Irinea fue comerciante, ama de casa y maestra de sus hijas. Ahora es defensora de los derechos humanos de las mujeres y niños, encabeza las marchas y repite al unísono con todas las mujeres: ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!
«Jamás pensé verme en una marcha a media calle de la Avenida Reforma. Nunca. Pero me obligaron a estar en ese camino. A nosotras nos pusieron, (…) no elegimos estar ahí, los asesinos fueron los que nos pusieron en ese lugar. Entonces, si los asesinos querían notoriedad, se las vamos a dar (…) no van a pasar desapercibidos los procesos que se hagan, porque no vamos a descansar hasta que haya una justicia real», sentencia.
Han pasado nueve años desde el asesinato de Mariana, pero Irinea continúa firme; el caso todavía está en proceso y es probable que el siguiente año se emita una sentencia.
Otro caso es el de Lesvy Berlín Osorio, estudiante de 22 años. Fue encontrada en mayo de 2017 al interior de la UNAM, en la Ciudad de México. Su cuerpo estaba en una cabina de teléfono con el cable del mismo enredado en el cuello.
Las autoridades también siguieron la línea del suicidio en su investigación, pero su madre, Araceli Osorio, se movilizó y el caso fue tipificado como feminicidio cinco meses después. Su victimario fue su entonces pareja Jorge Luis ‘N’. El 26 de septiembre se realizó la audiencia en la que se emitiría la sentencia en su contra, pero el juez decretó un receso hasta el 4 de octubre.
Araceli reconoce que sin los colectivos de feministas y sin las mujeres que se organizaron y marcharon al interior de la UNAM para exigir justicia, aun sin saber quién era Lesvy, es probable que el caso no hubiera trascendido a nivel nacional y, posiblemente, hubiera quedado como otros que han sido cerrados sin obtener justicia; pero también opina que la violencia machista no solo es hacia las mujeres biológicas, sino a todo lo que representa lo femenino, como son las mujeres trans.
«Estamos hablando de un asunto entre lo masculino y lo femenino, que termina por llevarnos a razones estructurales que crecen en la desigualdad y en la falta de oportunidad, pero también que pueden rendir sus frutos por la falta de sensibilidad, de atención, de comprensión que hoy tienen todas las personas que trabajan en la función pública», opina.
Los movimientos feministas han tenido algunos logros, y muchos de ellos se dan por madres de víctimas que se convierten en activistas al buscar que cada crimen se investigue con perspectiva de género, ¿en Argentina se investiga con perspectiva de género?
A: No hay una respuesta sencilla para eso. Si alguien viera la legislación, podría decirse que sí, pero cuando hablás con madres o familiares de víctimas de femicidios, que lo viven en carne propia, podés ver que las leyes, en general, no se cumplen a la velocidad que demanda la situación.
Por ejemplo: en enero de este año se promulgó la Ley Micaela (Ley 27499) que determina la capacitación obligatoria sobre género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública, en todas las jerarquías, y en los tres poderes en lo que se divide el Estado. Pero como es una ley nacional, necesita la adhesión de todas las provincias argentinas y que cada una establezca los mecanismos de aplicación.
La norma se llama así en homenaje a Micaela García, una chica de 21 años que fue violada y asesinada el primero de abril de 2017. Micaela era estudiante universitaria y activista, iba a las marchas Ni Una Menos, luchaba contra la violencia de género. Encontraron su cuerpo el 8 de abril, en un descampado cerca de una ruta. Su asesino, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de cárcel por dos casos de abuso sexual. Cuando atacó a Micaela estaba en libertad condicional. Apenas se conoció esta situación, las redes sociales, los medios y calles argentinas volvieron a arder con el hashtag #NiUnaMenos y a arremeter contra el juez que firmó la salida del asesino. Hubo movilizaciones de repudio e indignación en todo el país. Incluso el Papa Francisco y hasta el propio presidente, Mauricio Macri, se pronunciaron sobre el hecho. Poco después y como consecuencia del malestar social, el Congreso de la Nación sancionó la reforma de una ley que limita las excarcelaciones y las salidas transitorias para condenados por delitos graves.
La Ley Micaela, que se estaba gestando antes del asesinato de la adolescente, se escribió el mismo 8 de abril, «cuando apareció el cuerpo de Mica, al mediodía», recuerda Andrea Lescano, su madre. Ella y su marido, Néstor ‘Yuyo’ García, trabajan para conseguir que la norma se aplique en todo el país: «Nuestro primer paso era que se trataran de adherir todas las provincias y los municipios. Hasta ahora solo hay una que no tiene ninguna propuesta sobre esto, pero la gran mayoría ya están adhiriendo», dice.
Otro caso paradigmático que muestra el mal funcionamiento de la justicia argentina en materia de femicidios es el de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años que fue violada y asesinada por un grupo de hombres en Mar del Plata, una ciudad costera de la Provincia de Buenos Aires, en 2016. Un femicidio que, por su aberración y crueldad, también se volvió un emblema de la lucha contra la violencia machista. En 2018, los tres imputados de la causa fueron absueltos por un tribunal oral. Si bien la familia de Lucía apeló, a tres años de su muerte no hay avances del caso. A tres años de su muerte, la vida de María Montero, su madre, se partió en dos. Hoy divide su tiempo entre su trabajo de enfermera y la lucha contra la violencia de género, y sigue persiguiendo, implacable, justicia para su hija.
Hace 20 días, fue a preguntar por el estado de la causa y la enviaron a hablar con el juez que la lleva. Sus palabras respecto a la respuesta que recibió del magistrado son contundentes: «Poco faltó para que me pegara, me echó de su despacho. ¡Un destrato! Ellos no están acostumbrados a que las familias les vengan a preguntar por qué todavía no tenemos una resolución de nada. Desconocimiento, falta de profesionalismo, ¡la falta de humanidad que tienen! ¡No les importa! Para ellos es una pila de papeles, de expedientes, vos sos una cosa más, tu hijo es una cosa más. Nos tratan como si no nos mereciéramos una justicia digna, es vergonzoso lo que hacen. La justicia tiene que cambiar, estos jueces se tienen que aggiornar y entender que lo que están juzgando son personas».
¿Con qué herramientas cuentan, en materia de legislación sobre violencia de género, en México?
R: Desde el gobierno federal se han hecho esfuerzos al sumarse a acuerdos y tratados internacionales. En 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres y comenzó a destinarse presupuesto; en febrero de 2007 se creó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, de la que deriva la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y de ahí las alertas de violencia de género en los estados donde existe un alto índice de violencias feminicidas. La alerta está activa en 18 estados de México y, gracias a un amparo interpuesto por la activista Araceli Osorio, es posible que se active también en la Ciudad de México.
Gabriela Rodríguez, titular de la Secretaría de las Mujeres en el país, declaró el pasado 25 de septiembre que, ante la situación de violencia, se podría declarar en alerta de género a todo el país.
En 2012, tras la sentencia de la CIDH sobre el caso del campo algodonero y, tras la sentencia Mariana Lima Buendía se tipificó el feminicidio como delito dentro del Código Penal.
¿Crees que han habido algunos logros o conquistas en los últimos años?
A: Desde el Estado, se han implementado algunas medidas para intentar combatir la violencia de género, aunque los resultados son cuestionables. En 2017, el Gobierno creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), un organismo que trabaja para promover la igualdad de género mediante políticas, programas e iniciativas. Dentro de esta institución funciona el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, que busca impedir nuevos casos de violencia de género y brindar atención a las víctimas. Dentro del plan está la línea telefónica gratuita a la que se debe denunciar en caso de violencia de género, que es la 144, y una de las acciones del Estado, según el INAM, fue mejorar el servicio y capacitar al personal, de todas maneras las trabajadoras y trabajadores de la línea no dan abasto. También se creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, que brinda protección legal gratuita a las víctimas y se entregaron botones antipánico a las mujeres que sufrieron violencia o que están bajo amenaza, pero tampoco han resultado demasiado efectivos.
Paula Rodríguez, periodista y autora del libro Ni Una Menos, un texto que narra cómo nació el movimiento homónimo, dice que «a nivel de políticas públicas las cosas están mal»: «Le estás diciendo a un montón de mujeres que tienen una salida que no tienen. Obligás a todo el mundo a publicar la línea 144 y después no la sostenés con recursos, echás personal y en ciertos territorios no tenés ninguna clase de asistencia. Sí hay más botones de pánico, que ponen en las mujeres, que son víctimas, la responsabilidad de preservarse ellas mismas. Las políticas relacionadas con los derechos de la mujer son las primeras en ser recortadas o no se ejecutan los presupuestos destinados a eso».
Para la activista, los logros y conquistas fueron «a nivel sociedad, de conciencia y organización»: «Me parece que nosotras ganamos en lograr que llegue más información, porque estas explosiones públicas y poner ciertos temas en la agenda hacen que esto llegue donde antes no llegaba; y se le puso un nombre al agresor, que se llama violencia machista. El primer aprendizaje es el que ocurre cuando le corrés el velo a algo. Creo que nos enseñó a trabajar más en red, a vincularlos más entre nosotras. Porque acá había mucha gente dando esta batalla desde hace mucho tiempo, pero la enseñanza creo que es aprender a estar más conectadas, a usar las herramientas que teníamos solo para trabajar, para construir colectivamente».
Marcela Ojeda coincide: «Es muy importante el intercambio que podemos tener con otras compañeras, saber cómo trabajan, de qué recursos disponen en otros países y la importancia superlativa del activismo y el compromiso de las mujeres, de la sociedad civil, que ayudan a combatir todas las violencias que azotan a las mujeres».
Creo que esto es transversal a toda, o gran parte, de América Latina. En las marchas argentinas, al finalizar la actividad, suele leerse un documento escrito por las organizaciones y a veces se mencionan los otros países de esta parte del continente donde la marcha es simultánea o que hacen llegar, de alguna manera, su apoyo: Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, y por supuesto México. Creo que esa es la potencia de esta lucha: trasciende fronteras, es colectiva. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuáles pensás que han sido los avances en México?
R: La lucha de las madres de las víctimas y de los colectivos feministas ha sido clave para lograr que se visibilice como un problema estructural en el país, se haga conciencia y que se creen políticas públicas en beneficio de las mujeres, y esto se logra, es cada vez más visible.
México ha impulsado iniciativas que de manera jurídica pueden garantizar la seguridad de las mujeres, como la alerta de género que es criticada porque no se han visto resultados. Las expertas y activistas coinciden en que, si ha fracasado, no es porque el mecanismo sea malo, sino porque todavía falta mucha voluntad y preparación para que los servidores públicos comprendan y apliquen la perspectiva de género. Según comentas, en Argentina sucede algo muy similar, las estrategias están en el papel, pero no se aplican, pero se sigue tomando como ejemplos la lucha de las compañeras de otros países de Latinoamérica.
En México, en Argentina, queda mucho por hacer. El repudio de las mujeres contra la violencia machista trasciende las fronteras, los movimientos, las batallas, se enriquecen de un país a otro y se expanden en toda América Latina, que seguirá luchando.
